viernes, 20 de febrero de 2015

EL RESPETO HACIA UNA PROFESIÓN
            El pasado 18 de febrero de 2015, en Sesión Plenaria nº 243/15 en el Congreso de los Diputados pincha aquí para ver la interpelación, la portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Aguilar, interpeló al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, acerca de las intenciones del Gobierno respecto a la privatización del Registro Civil. Respecto a las respuestas  a dicha interpelación por parte del sr. Ministro, es necesario, desde la perspectiva profesional de los funcionarios que desarrollamos nuestra labor en las oficinas registrales, las siguientes consideraciones:
         
           1º.- El ministro asegura que "el 50% de las quejas que se presentan hoy ante el Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento de la justicia tienen que ver con el Registro Civil". Al respecto podemos acudir al Informe Anual del Defensor del Pueblo referido al año 2013, último publicado por dicho Organismo pincha aquí para ver completo el informe. En concreto en la página 24 se detalla el número de expedientes distribuidos por áreas de gestión. En el cuadro explicativo se pone de manifiesto un número total de  2.204 expedientes (quejas y solicitudes de recurso) iniciados por la Oficina del Defensor del Pueblo en el ámbito de la Administración de Justicia. Con respecto al Registro Civil, que figura en el siguiente apartado, el número de esos expedientes (en este caso aglutinados en forma de quejas) se eleva a 966. A día de hoy, el Registro Civil, de momento, forma parte de la Administración de Justicia; por tanto, encontramos un número total de expedientes iniciados por la Oficina del Defensor del Pueblo en el ámbito de la Administración de Justicia, (incluyendo en él a los Registros Civiles) que se eleva a 3.170. De ellos, como dijimos, 966 corresponden a expedientes referidos a quejas presentadas por actuaciones en los Registros Civiles. Por tanto, la fría  y certera realidad de las cifras deja bien a las  claras que las quejas que se presentan ante el Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento del Registro Civil representan el 30,47 % del total del ámbito de toda la justicia, 19,53 puntos porcentuales menos de ese 50% al que el ministro aludió en la más alta tribuna parlamentaria (me remito al diario de sesiones del día 18 de febrero de 2015, página 13). Por tanto, se puede concluir que el ministro faltó a la verdad.

             2º.- En el mismo informe se explicitan, dentro del apartado II sobre supervisión de la actividad de las administraciones públicas (páginas 123 a la 129), aspectos que inciden en la problemática suscitada en ciertos registros civiles. En concreto, los siguientes:
               - Insuficiente dotación de medios humanos que provoca demoras en la atención al público.- En este sentido se ven señalados en el informe por esta situación 41 registros civiles, mención aparte de la problemática del Registro Civil Central. En España existen 431 registros civiles, amén de los juzgados de paz, también registros civiles delegados, establecidos en cada municipio o agrupación municipal. Por tanto, el porcentaje de registros afectados supone el 9,5% sobre el total de los existentes. Generalmente se alude al incremento de la población inmigrante, no acompañada de medidas por parte de las administraciones autonómicas respecto al aumento de recursos humanos.
                 - Plan Intensivo para la Tramitación de Expedientes de Nacionalidad (PIN).- Al respecto, desde este blog se escruta pormenorizadamente tanto la implantación del mismo, su naturaleza y las consecuencias del mismo  pincha para ver el artículo del blog.

                 3º.- El sr. Catalá olvida que existen otros organismos, dependientes de ministerio, que asimismo evalúan la calidad en el servicio que prestan los registros civiles, así como la incidencia de las quejas presentadas con respecto al mismo. Veámoslos:
                   - Consejo General del Poder Judicial.- En la última memoria anual publicada, en 2013, referida al ejercicio 2012 pincha aquí para ver la memoria anual, encontramos en el capítulo nº 11, Materias de especial seguimiento (páginas  395 a 398). En él se refiere que "el peso relativo que las reclamaciones por el funcionamiento de los Registros Civiles tiene sobre el conjunto de las referidas al funcionamiento de los juzgados y tribunales es del 44%. Es de considerar que si consideramos todos los motivos de los escritos que se refieren a los Registros Civiles,..., el porcentaje que se alcanza es del 31%", para a continuación mostrar el peso relativo que tiene en cada uno de los apartados de la Carta de Derechos sobre los que se ha recibido alguna reclamación derivada de la actuación de un Registro Civil. Al respecto se puede concluir que el porcentaje sobre el total de las quejas por todos los motivos supone el 20,9%.
                     - Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.- El último informe en que dicha Agencia, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, menciona el grado de satisfacción del ciudadano respecto del Registro Civil, es el publicado en mayo de 2013, referido al año 2012, sobre La importancia de los Servicios Públicos en el Bienestar de los Ciudadanos pincha aquí para ver el informe. En él, en las páginas 66 y 67 se refiere que "...casi un 73% de los ciudadanos afirma sentirse muy o bastante satisfecho con estos servicios frente a un 27% de insatisfechos. Por encima de esta proporción medias de satisfechos se sitúan y por este orden, el registro civil (84%), los servicios que se encargan de expedir el DNI o pasaporte (78%), y las oficinas del catastro (75%)".

                   4º.- Pero todas estas cifras, irrefutables, son sólo eso, cifras. Hay algo más, tan importante en sí mismo como ellas, que define la idiosincrasia, la propia naturaleza y problemática de las oficinas del Registro Civil en España, a veces tangible y otras tantas no. El ministro, el pasado 18 de febrero no sólo faltó a la verdad, como queda demostrado; también faltó el respeto, ninguneó de la peor de las formas la labor que diariamente ejercen miles de funcionarios en todo el territorio nacional, desde la que realizan jueces y magistrados, a  quienes, con displicencia, atribuye las "anotaciones de nacimientos, de defunción o de capitulaciones matrimoniales". El ministro, cabeza visible de todos los funcionarios, trivializa y ningunea la función de los mismos, mostrando una total ignorancia al respecto. Desconoce que el Juez Encargado de un registro civil interviene como actor principal en la tramitación de los expedientes de matrimonio civil, ignora su papel primordial en la celebración de matrimonios en condiciones extraordinarias (in articulo mortis),  así como en la indelegable expedición de  licencias de sepultura, asunto ciertamente sensible. Ignora que reviste la tramitación de los tristemente famosos expedientes de nacionalidad  de todas las garantías procesales para su remisión a la Dirección General de los Registros y del Notariado, asimismo que interviene en la jura de los ciudadanos extranjeros, en procesos tan delicados como determinaciones de filiaciones o cambios de sexo y nombre. El resto de funcionarios, con los secretarios judiciales a la cabeza intervenimos no sólo en la dignísima y necesaria labor de "hacer anotaciones de nacimiento, de defunción o de capitulaciones matrimoniales", practicamos inscripciones que afectan al desarrollo de la personalidad jurídica de un ser humano, datos sensibles e íntimos salvaguardados precisamente por nuestra nítida condición de funcionarios; intervenimos en múltiple actos propios inherentes a la función registral:reconocimientos de filiaciones, cambios de nombre y apellidos, inscripciones de nacimiento fuera del plazo legal, rectificaciones de error, incapacidades, tutelas, inscripción de matrimonios, separaciones, divorcios, menciones de identidad, presunción de hechos que afectan a los datos inscribibles, etc. Son algunos ejemplos -existen muchos más- del trabajo desarrollado en los registros civiles. Trabajo más que digno, tantas veces vilipendiado y ultrajado por quien debiera ser nuestra cabeza visible, labor que lleva en su ADN una idiosincrasia distinta a todas las oficinas judiciales: el cuerpo a cuerpo diario con decenas de miles de ciudadanos que buscan y que generalmente encuentran la inmediatez en sus trámites. Cuando se ningunea nuestra labor se olvida que el propio Informe del Defensor del Pueblo presenta muchas más quejas en otros servicios administrativos (Hacienda, 1.267; Seguridad Social, 1.340, por citar algunos) en los que ningún ministro se plantea entregar su llevanza a otro colectivo; se obvia que esa atención directa, ese trabajo de trinchera diario es totalmente distinto al ejercido en el resto de órganos jurisdiccionales -¿alguien se imagina un juzgado o tribunal con colas de decenas de ciudadanos cada día?-. Esta y no otra es la realidad de nuestra profesión, ejercida casi siempre en condiciones que dejan mucho que desear, condiciones que la propia Administración, lejos de remediar, provoca por su dejadez hacia nosotros,  que no es más que dejadez hacia ese ciudadano. Registros Civiles llevados en condiciones deficientes, con escasez de recursos materiales y humanos, todo ello por la desidia de Administración, la que sea; oficinas que, aun así, prestan un servicio altamente valorado por los ciudadanos.
             El ministro, que debiera estar a la cabeza en la defensa de "sus" funcionarios, de sus "trabajadores", auténticos héroes anónimos en muchas oficinas, se limita a sustraer ese servicio público  sin mover un dedo para mejorar las condiciones actuales, y lo hace arremetiendo contra sus empleados públicos. No le quepa la menor duda, sr. Catalá, que el Registro Civil español puede ser, debe ser, como dice usted, eficaz, de calidad y propio del siglo XXI. Puede serlo sin sustraerlo del ámbito actual, no lance preguntas hirientes en el hemiciclo -"¿cuál es su propuesta, que lo lleven los secretarios judiciales?, ¿los jueces?, ¿quién lo tiene que llevar?". Es evidente que no están fallando quienes llevan los registros civiles, quizás falle quien debe, desde arriba, salvaguardar este importantísimo servicio público y a sus servidores. Nadie, ni un solo profesional se opondrá jamás a la modernización del mismo, todo lo contrario; nuestra formación, nuestro conocimiento, nuestra profesionalidad jamás fue tenida en cuenta por ningún gobierno, ningún ministro acudió a nosotros, menos usted, a ninguno de nosotros para plantear de forma razonable e inteligente todas las reformas que concluyeran en una verdadera y real modernización. Muy al contrario, machaconamente, siempre se establece una perversa y malintencionada relación causa-efecto entre "el caos del Registro Civil", las mejoras inexcusables y la entrega del servicio a los Registradores Mercantiles,  siempre poniendo en duda nuestra profesionalidad. Ya está bien.
                     La verdad termina aflorando, las mentiras también. El ministro falta a la verdad constantemente. Y hace lo peor, sabemos que no le importa hacerlo, pero lo hace: sustenta sus falacias sobre endebles argumentos sin importarle que en el camino ningunee y falte el respeto a la labor de unos   profesionales que se dejan la piel cada día para ofrecer al ciudadano un servicio con la máxima calidad... a pesar de usted, señor ministro.

Paco, Registro Civil de Sevilla