miércoles, 25 de marzo de 2015




       



DUEÑO DE SUS PALABRAS

             En el pleno  nº 148 del Senado, ayer, 24 de marzo de 2015 pincha aquí para ver la sesión , a la pregunta del senador socialista, Antonio Rodríguez Esquerdo, "¿qué quiso decir el Gobierno aquí mismo y de manera solemne cuando el pasado junio afirmó: Nosotros sí sabemos qué hacer con los registros civiles?", el Ministro de Justicia, afirma, entre otras cosas, que  "vamos a llevar adelante la desjudicialización de los registros civiles, como manda la Ley 20/2011, y vamos a hacerlo en el contexto de garantizar un registro público, un registro gratuito y un registro telemático". Al respecto de las consideraciones del Ministro sería interesante refutar alguna de sus sus conclusiones:
            -Efectivamente, el sr. Catalá explicita su intención de "llevar adelante la desjudicialización de los registros civiles, como manda la Ley 20/2011". Al respecto, citando la expresada Ley y sin entrar en otras consideraciones, podemos observar en la misma lo siguiente:
           .Primer párrafo del apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 20/2011:
        "La modernización del Registro Civil también hace pertinente que su llevanza sea asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado, cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado". 
             El artículo 117.1. de la Constitución Española consagra que "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".
                 Ya sabemos, pues, quienes no deben asumir la llevanza de los Registros Civiles, conforme a esa Ley 20/2011: Jueces y Magistrados.
            Vayamos a la segunda cuestión: ¿plantea, pues, la Ley 20/2011 quienes asumirán la llevanza de los Registros Civiles, es decir, quiénes serán los Encargados de los mismos?. Efectivamente, en su Disposición Adicional Segunda, apartado 1 se dice lo siguiente:
           ... "las plazas de Encargados del Registro Civil se proveerán entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la Licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y entre secretarios judiciales."
            Es más, en su último párrafo asevera lo siguiente:
"Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el nombramiento de los Encargados de las Oficinas Generales del Registro Civil interinos y sustitutos."
          El Ministro comienza su intervención, convirtiéndose en esclavo de sus propias palabras. Si, efectivamente, pretende llevar adelante la desjudicialización como manda esa ley 20/2011, que lo haga sin reparo alguno, la misma ya contempla el mecanismo, que lo aplique. Es más, puede incluso leer detenidamente el contenido de Disposición Transitoria Octava, respecto al personal al servicio de las oficinas registrales,  que, con meridiana claridad, entre otras cosas,  dice que en el momento de la entrada en vigor, podrá continuar desarrollando sus funciones en el Registro Civil, pudiendo optar a participar en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo de las Oficinas Generales del Registro Civil, con derecho preferente una sola vez, y a obtener destino definitivo.
          Además, en un ejercicio de contorsionismo mental, alude a realizar el proceso de desjudicialización dentro de un contexto de garantizar un registro público, un registro gratuito y un registro telemático. Olvida el  ministro que ese contexto se da en la actualidad: en la actualidad el Registro Civil es público, gratuito y telemático. 
           

         - Sin embargo, la pregunta clave en todo este tiempo es ésta: Si la ley ya prevé y estructura la forma de llevar a cabo la desjudicialización del Registro Civil, ¿por qué se adjudica con posterioridad, por Decreto-Ley y posteriormente Ley, la llevanza a los Registradores Mercantiles? Alguien debe tener respuesta a esto, al menos una respuesta más contundente y eficaz que la dada por el ministro en el Pleno del Senado: "...hasta donde yo sé, los Secretarios Judiciales no quieren llevar el Registro Civil.". El Ilustre Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, en un artículo publicado el 5 de julio de 2014 ya se pronuncia sobre la llevanza de los Registros Civiles por los Registradores Mercantiles; pincha aquí para ver el artículo con rotundidad afirma: "El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales se siente decepcionado por esta decisión puesto que nos hemos ofrecido para su llevanza desde la experiencia que supondría haber continuado este servicio público con una gestión de calidad una vez que Jueces y Magistrados dejarán este año de ser los titulares." Sobra cualquier comentario al respecto.

           Dice por último el Ministro confiar en los funcionarios públicos. Perdón, sr. Catalá, ¿en qué funcionarios públicos?, ¿en Jueces, Secretarios y Funcionarios Judiciales, a quienes desposee de un plumazo de su más que ganada, por mérito y capacidad, labor profesional?. Perdón, lo aclara al final de su intervención: sólo confía en unos funcionarios públicos: los registradores. Enhorabuena a ellos, al menos a una parte de ellos.


Paco, Registro Civil de Sevilla


          

viernes, 20 de febrero de 2015

EL RESPETO HACIA UNA PROFESIÓN
            El pasado 18 de febrero de 2015, en Sesión Plenaria nº 243/15 en el Congreso de los Diputados pincha aquí para ver la interpelación, la portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Aguilar, interpeló al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, acerca de las intenciones del Gobierno respecto a la privatización del Registro Civil. Respecto a las respuestas  a dicha interpelación por parte del sr. Ministro, es necesario, desde la perspectiva profesional de los funcionarios que desarrollamos nuestra labor en las oficinas registrales, las siguientes consideraciones:
         
           1º.- El ministro asegura que "el 50% de las quejas que se presentan hoy ante el Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento de la justicia tienen que ver con el Registro Civil". Al respecto podemos acudir al Informe Anual del Defensor del Pueblo referido al año 2013, último publicado por dicho Organismo pincha aquí para ver completo el informe. En concreto en la página 24 se detalla el número de expedientes distribuidos por áreas de gestión. En el cuadro explicativo se pone de manifiesto un número total de  2.204 expedientes (quejas y solicitudes de recurso) iniciados por la Oficina del Defensor del Pueblo en el ámbito de la Administración de Justicia. Con respecto al Registro Civil, que figura en el siguiente apartado, el número de esos expedientes (en este caso aglutinados en forma de quejas) se eleva a 966. A día de hoy, el Registro Civil, de momento, forma parte de la Administración de Justicia; por tanto, encontramos un número total de expedientes iniciados por la Oficina del Defensor del Pueblo en el ámbito de la Administración de Justicia, (incluyendo en él a los Registros Civiles) que se eleva a 3.170. De ellos, como dijimos, 966 corresponden a expedientes referidos a quejas presentadas por actuaciones en los Registros Civiles. Por tanto, la fría  y certera realidad de las cifras deja bien a las  claras que las quejas que se presentan ante el Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento del Registro Civil representan el 30,47 % del total del ámbito de toda la justicia, 19,53 puntos porcentuales menos de ese 50% al que el ministro aludió en la más alta tribuna parlamentaria (me remito al diario de sesiones del día 18 de febrero de 2015, página 13). Por tanto, se puede concluir que el ministro faltó a la verdad.

             2º.- En el mismo informe se explicitan, dentro del apartado II sobre supervisión de la actividad de las administraciones públicas (páginas 123 a la 129), aspectos que inciden en la problemática suscitada en ciertos registros civiles. En concreto, los siguientes:
               - Insuficiente dotación de medios humanos que provoca demoras en la atención al público.- En este sentido se ven señalados en el informe por esta situación 41 registros civiles, mención aparte de la problemática del Registro Civil Central. En España existen 431 registros civiles, amén de los juzgados de paz, también registros civiles delegados, establecidos en cada municipio o agrupación municipal. Por tanto, el porcentaje de registros afectados supone el 9,5% sobre el total de los existentes. Generalmente se alude al incremento de la población inmigrante, no acompañada de medidas por parte de las administraciones autonómicas respecto al aumento de recursos humanos.
                 - Plan Intensivo para la Tramitación de Expedientes de Nacionalidad (PIN).- Al respecto, desde este blog se escruta pormenorizadamente tanto la implantación del mismo, su naturaleza y las consecuencias del mismo  pincha para ver el artículo del blog.

                 3º.- El sr. Catalá olvida que existen otros organismos, dependientes de ministerio, que asimismo evalúan la calidad en el servicio que prestan los registros civiles, así como la incidencia de las quejas presentadas con respecto al mismo. Veámoslos:
                   - Consejo General del Poder Judicial.- En la última memoria anual publicada, en 2013, referida al ejercicio 2012 pincha aquí para ver la memoria anual, encontramos en el capítulo nº 11, Materias de especial seguimiento (páginas  395 a 398). En él se refiere que "el peso relativo que las reclamaciones por el funcionamiento de los Registros Civiles tiene sobre el conjunto de las referidas al funcionamiento de los juzgados y tribunales es del 44%. Es de considerar que si consideramos todos los motivos de los escritos que se refieren a los Registros Civiles,..., el porcentaje que se alcanza es del 31%", para a continuación mostrar el peso relativo que tiene en cada uno de los apartados de la Carta de Derechos sobre los que se ha recibido alguna reclamación derivada de la actuación de un Registro Civil. Al respecto se puede concluir que el porcentaje sobre el total de las quejas por todos los motivos supone el 20,9%.
                     - Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.- El último informe en que dicha Agencia, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, menciona el grado de satisfacción del ciudadano respecto del Registro Civil, es el publicado en mayo de 2013, referido al año 2012, sobre La importancia de los Servicios Públicos en el Bienestar de los Ciudadanos pincha aquí para ver el informe. En él, en las páginas 66 y 67 se refiere que "...casi un 73% de los ciudadanos afirma sentirse muy o bastante satisfecho con estos servicios frente a un 27% de insatisfechos. Por encima de esta proporción medias de satisfechos se sitúan y por este orden, el registro civil (84%), los servicios que se encargan de expedir el DNI o pasaporte (78%), y las oficinas del catastro (75%)".

                   4º.- Pero todas estas cifras, irrefutables, son sólo eso, cifras. Hay algo más, tan importante en sí mismo como ellas, que define la idiosincrasia, la propia naturaleza y problemática de las oficinas del Registro Civil en España, a veces tangible y otras tantas no. El ministro, el pasado 18 de febrero no sólo faltó a la verdad, como queda demostrado; también faltó el respeto, ninguneó de la peor de las formas la labor que diariamente ejercen miles de funcionarios en todo el territorio nacional, desde la que realizan jueces y magistrados, a  quienes, con displicencia, atribuye las "anotaciones de nacimientos, de defunción o de capitulaciones matrimoniales". El ministro, cabeza visible de todos los funcionarios, trivializa y ningunea la función de los mismos, mostrando una total ignorancia al respecto. Desconoce que el Juez Encargado de un registro civil interviene como actor principal en la tramitación de los expedientes de matrimonio civil, ignora su papel primordial en la celebración de matrimonios en condiciones extraordinarias (in articulo mortis),  así como en la indelegable expedición de  licencias de sepultura, asunto ciertamente sensible. Ignora que reviste la tramitación de los tristemente famosos expedientes de nacionalidad  de todas las garantías procesales para su remisión a la Dirección General de los Registros y del Notariado, asimismo que interviene en la jura de los ciudadanos extranjeros, en procesos tan delicados como determinaciones de filiaciones o cambios de sexo y nombre. El resto de funcionarios, con los secretarios judiciales a la cabeza intervenimos no sólo en la dignísima y necesaria labor de "hacer anotaciones de nacimiento, de defunción o de capitulaciones matrimoniales", practicamos inscripciones que afectan al desarrollo de la personalidad jurídica de un ser humano, datos sensibles e íntimos salvaguardados precisamente por nuestra nítida condición de funcionarios; intervenimos en múltiple actos propios inherentes a la función registral:reconocimientos de filiaciones, cambios de nombre y apellidos, inscripciones de nacimiento fuera del plazo legal, rectificaciones de error, incapacidades, tutelas, inscripción de matrimonios, separaciones, divorcios, menciones de identidad, presunción de hechos que afectan a los datos inscribibles, etc. Son algunos ejemplos -existen muchos más- del trabajo desarrollado en los registros civiles. Trabajo más que digno, tantas veces vilipendiado y ultrajado por quien debiera ser nuestra cabeza visible, labor que lleva en su ADN una idiosincrasia distinta a todas las oficinas judiciales: el cuerpo a cuerpo diario con decenas de miles de ciudadanos que buscan y que generalmente encuentran la inmediatez en sus trámites. Cuando se ningunea nuestra labor se olvida que el propio Informe del Defensor del Pueblo presenta muchas más quejas en otros servicios administrativos (Hacienda, 1.267; Seguridad Social, 1.340, por citar algunos) en los que ningún ministro se plantea entregar su llevanza a otro colectivo; se obvia que esa atención directa, ese trabajo de trinchera diario es totalmente distinto al ejercido en el resto de órganos jurisdiccionales -¿alguien se imagina un juzgado o tribunal con colas de decenas de ciudadanos cada día?-. Esta y no otra es la realidad de nuestra profesión, ejercida casi siempre en condiciones que dejan mucho que desear, condiciones que la propia Administración, lejos de remediar, provoca por su dejadez hacia nosotros,  que no es más que dejadez hacia ese ciudadano. Registros Civiles llevados en condiciones deficientes, con escasez de recursos materiales y humanos, todo ello por la desidia de Administración, la que sea; oficinas que, aun así, prestan un servicio altamente valorado por los ciudadanos.
             El ministro, que debiera estar a la cabeza en la defensa de "sus" funcionarios, de sus "trabajadores", auténticos héroes anónimos en muchas oficinas, se limita a sustraer ese servicio público  sin mover un dedo para mejorar las condiciones actuales, y lo hace arremetiendo contra sus empleados públicos. No le quepa la menor duda, sr. Catalá, que el Registro Civil español puede ser, debe ser, como dice usted, eficaz, de calidad y propio del siglo XXI. Puede serlo sin sustraerlo del ámbito actual, no lance preguntas hirientes en el hemiciclo -"¿cuál es su propuesta, que lo lleven los secretarios judiciales?, ¿los jueces?, ¿quién lo tiene que llevar?". Es evidente que no están fallando quienes llevan los registros civiles, quizás falle quien debe, desde arriba, salvaguardar este importantísimo servicio público y a sus servidores. Nadie, ni un solo profesional se opondrá jamás a la modernización del mismo, todo lo contrario; nuestra formación, nuestro conocimiento, nuestra profesionalidad jamás fue tenida en cuenta por ningún gobierno, ningún ministro acudió a nosotros, menos usted, a ninguno de nosotros para plantear de forma razonable e inteligente todas las reformas que concluyeran en una verdadera y real modernización. Muy al contrario, machaconamente, siempre se establece una perversa y malintencionada relación causa-efecto entre "el caos del Registro Civil", las mejoras inexcusables y la entrega del servicio a los Registradores Mercantiles,  siempre poniendo en duda nuestra profesionalidad. Ya está bien.
                     La verdad termina aflorando, las mentiras también. El ministro falta a la verdad constantemente. Y hace lo peor, sabemos que no le importa hacerlo, pero lo hace: sustenta sus falacias sobre endebles argumentos sin importarle que en el camino ningunee y falte el respeto a la labor de unos   profesionales que se dejan la piel cada día para ofrecer al ciudadano un servicio con la máxima calidad... a pesar de usted, señor ministro.

Paco, Registro Civil de Sevilla 

viernes, 30 de enero de 2015

EMPEZAMOS A CAMINAR
         El pasado 28 de enero, representantes del Partido Socialista Obrero Español, en concreto el Secretario de Política Federal, Antonio Pradas, el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas y el Diputado al Congreso, José Manuel Girela, nos visitaron en el Registro Civil de Sevilla.
         El objetivo de la visita fue hacerles conocer de primera mano la idiosincrasia que rodea nuestro trabajo diario y asimismo la problemática acerca del camino emprendido por el gobierno, que pretende entregar las oficinas registrales a los Registradores Mercantiles.
           Posiblemente la perspectiva cambia cuando la realidad sustituye a los papeles, cuando se comprueba de primera mano cómo es el rostro del ciudadano, de cada uno de los ciudadanos. 
           A Sevilla, al igual que a Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en La Coruña, en Ourense, en Calatayud, en Pamplona, en Málaga, en Utrera, Alicante, Mataró, Béjar y a todos los Registros Civiles ubicados en cada municipio de España, acude Manolo, un señor que necesita una fe de vida y estado porque se la piden para cobrar una pírrica pensión que le dieron en Francia por todos aquellos años trabajados allí como emigrante. Y acude a su pueblo, porque allí, en el juzgado, en la oficina del Registro Civil, le arreglan siempre sus papeles y además gratuitamente. Manolo no tiene ordenador, como creen los políticos, que legislan entre papeles, que no alcanzan a comprender cómo viven las personas a quienes deben servir, pero en el Registro Civil de su pueblo le ayudan, le dan ese papel que necesita para entender que su esfuerzo de décadas mereció algo la pena.
          A todos esos Registros Civiles acude Angela. Acaba de enviudar pero, como puede, se hace fuerte y acude al Registro a pedir los certificados de defunción que le piden "en muchos sitios". Sabe que sin esa partida no cobrará la pequeña pensión de viudedad que, aunque no alivia su dolor, llena su vida de la mínima dignidad que le ayuda a sobrevivir. Angela no merece pagar por ello, ya lo hace, ya lo hizo su marido; tampoco merece que le arrebaten el  derecho a recibir un servicio público, de calidad, cercano.
           Juan y Dolores están jubilados. Su única hija ha dado a luz un niño precioso. Pero el drama se cierne sobre ellos. Esa hija sufre depresión, brotes psicóticos, por eso tras dar a luz está ingresada en la unidad de psiquiatría del hospital; el padre de su hijo no quiere saber nada de él ni de la madre. Juan y Dolores, con la piel cansada de tanto trabajar, traen en sus brazos a ese niño. Viven en su pueblo, lejos de la capital. Ya hablaron con la trabajadora social de ese pueblo para poder tener derecho a una prestación que les ayude a sacar adelante a su nieto. Gracias al Registro Civil de su pueblo, los abuelos podrán inscribir a ese nieto de forma rápida y gratuita, gestionándolo directamente en su pueblo, no en la capital, a 80 kms. de distancia.
             Manolo, Ángela, Juan, Dolores, Francisco, Vanesa, Pedro, María...y tantos y tantos ciudadanos que cada día acuden a los Registros Civiles, tienen derecho a recibir un servicio público de calidad, desinteresado, cercano y gratuito.
           Para ello desarrollan su trabajo en toda España, en cada municipio, todos y cada uno de los funcionarios que servimos las oficinas registrales. Posiblemente no en las condiciones más idóneas, pero intentando solucionar cada día los problemas de esas personas
          Esto y no otra cosa, personas, a un lado y a otro del mostrador, de la mesa, justamente eso es lo que vieron el otro día los políticos que nos visitaron.
No papeles, no lobbys, no intereses, tan sólo personas.
          Por estas razones, estos políticos que nos visitaron hicieron una declaración institucional en defensa del Registro Civil, como un servicio público, servido en su integridad por funcionarios públicos, garantes de la intimidad de las personas, gratuito y cercano al ciudadano,  porque es una cuestión de justicia social, de solidaridad, de auténtica libertad. Por ello se comprometieron públicamente  a revertir la situación de privatización que propone el gobierno. Aceptamos, agradecemos pero no olvidamos ese compromiso, pues sabemos que esa voluntad redundará en beneficio de esos ciudadanos.
           Pero esta lucha no ha hecho más que comenzar. Seremos legión, un ejército de profesionales que desmontarán argumentaciones surrealistas, que lucharán por los ciudadanos, por su derecho a un servicio cercano, seguro y gratuito.
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registro civil espadas
Paco, Registro Civil de Sevilla
          

martes, 27 de enero de 2015

VOCES Y ECOS


         Un saludo nuevamente.

         Es cierto que en multitud de ocasiones oímos voces; algunas dejan su huella en forma de eco. Por eso entiendo necesario apartar tanta hojarasca, tanta verdad a medias, tanta voz creada para generar confusión, con sus ecos reverberantes.

          El pasado 11 de diciembre de 2014, en el Pleno y Diputación permanente del Congreso de los Diputados, el Ministro de Justicia, sr. Catalá Polo, defendió tenazmente tanto el contenido de la Ley 18/2014, de Aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, así como las enmiendas que el Grupo Popular, que sustenta al Gobierno, pretende presentar a fin de modificar aspectos de la misma.
              El anterior post, de contenido puramente profesional, venía a desmontar irrefutablemente uno de los argumentos usados por el ministro: la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia. En esta ocasión, siempre desde el punto de vista profesional, abordaremos otro de los argumentos usados constantemente: la "caótica" situación de los Registros Civiles.
    
               Para situarnos, debemos entender claramente qué es el Registro Civil, qué actos se realizan en él y cómo funciona el mismo. En las oficinas registrales, divididas actualmente en cuatro secciones, se inscriben hechos que atañen a la persona, tales como el nacimiento, el matrimonio, la defunción y las tutelas y demás representaciones legales. Estas inscripciones constituyen las cuatro secciones referidas.
               Pero, sin duda, derivados de esas inscripciones se generan multitud de trámites. Pongamos por ejemplo algunos (sin duda alguno quedará en mi olvido):

                NACIMIENTOS:
- Inscripción.
- Expedición de certificaciones.
- Anotaciones en Libros de Familia.
- Actas de reconocimientos de filiación.
- Emancipaciones.
- Incapacidades.
- Notas de referencia acerca del matrimonio y defunción.
- Inscripción de nacimientos por adquisición de nacionalidad.
- Cambios de nombre y/o apellidos.
- Inscripciones de rectificación de error.
- Inscripciones de mención de identidad.
- Declaraciones con valor de simple presunción.
- Apoderamientos voluntarios.

                   MATRIMONIOS:
- Inscripción.
- Expedición de certificaciones.
- Expedición de Libros de Familia.
- Inscripción de régimen matrimonial (capitulaciones matrimoniales).
- Inscripción de separación o divorcio del matrimonio.
- Referencia a cambios de nombre y/o apellidos en alguno de los contrayentes.


                  DEFUNCIONES:
- Inscripción.
- Expedición de Licencias de Sepultura (indelegables debido a su vital importancia).
- Expedición de certificaciones.
- Anotaciones de las mismas en Libros de Familia.
- Expedición de certificados alusivos a las causas del fallecimiento.
- Expedición de certificados acreditativos del alumbramiento de criaturas abortivas (esto último básico para      la investigación acerca de los "bebés robados").

                    TUTELAS Y DEMÁS REPRESENTACIONES LEGALES:

- Inscripciones tutelas.
- Inscripciones de Patrimonio Protegido.
- Nombramiento de tutor en caso de necesidad.
- Expedición de certificaciones.

          Posiblemente habrá algún acto o trámite que haya olvidado pero, básicamente, éstos son los que se generan en cada sección.  Habréis observado que en el Registro Civil se tramitan más asuntos (parece ser que desconocidos para el sr. ministro) que los expedientes de nacionalidad. Pero sigamos.

           Existen asimismo multitud de EXPEDIENTES generados en virtud de las inscripciones o actos referidos anteriormente. Relacionemos algunos de ellos:

- Inscripciones de nacimiento fuera de plazo.
- Rectificaciones de error.
- Declaraciones con valor de simple presunción.
- Cambios de nombre.
- Cambios o uniones de apellidos.
- Inversiones de apellidos.
- Cambio de sexo y nombre.
- Mención de identidad.
- Determinaciones de filiaciones.
- Autorizaciones judiciales de reconocimientos de paternidad.
- Certificados de nacionalidad.
- Nacionalidad por residencia.
- Inscripciones de nacimiento derivadas de opciones a la nacionalidad española.
- Autorizaciones judiciales para nacionalidad por residencia.
- Autorizaciones judiciales para opciones a la nacionalidad española.
- Inscripciones de defunciones ocurridas en el extranjero.
- Matrimonios Civiles.
- Dispensa Matrimonial.
- Capacidad Matrimonial.
- Transcripciones de matrimonios al Registro Civil español.

          Alguno más quedará en el tintero. Es seguro, como podrá verificar cualquier compañero que lea este artículo. Es más, el Registro Civil Central está sometido a trámites algo especiales respecto al resto de Registros, así que seguro podrán incorporar más procesos a estas listas.

          Todos y cada uno de estos trámites, de estos actos, están revestidos de una garantía que sin duda ofrece el hecho de estar servido en su integridad por funcionarios públicos, desde los Jueces o Magistrados Encargados de las oficinas registrales y Secretarios Judiciales hasta los funcionarios de gestión, tramitación y auxilio judicial, así como fiscales.

            El sr. Catalá, en su intervención del pasado 11 de diciembre, justifica la entrega de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad que tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, entre otros argumentos, al dato que refleja la memoria del Consejo General del Poder Judicial, advirtiendo que "el 50% de todas las quejas y reclamaciones que se reciben  en relación con el funcionamiento de los juzgados y tribunales se refieren al funcionamiento del Registro Civil, en particular, a los tiempos de espera, los horarios de atención al público y a las plantillas insuficientes". En este sentido me permitiré corregir al sr. ministro aludiendo a los datos últimos que publica el Consejo General del Poder Judicial en su memoria correspondiente al año 2012. En ella aparece una tabla que muestra el peso relativo que tiene en cada uno de los apartados de la Carta de Derechos, con respecto al resto de órganos judiciales. Sobre la misma, calculando la media obtenemos un 20,9% sobre el total de quejas en todos los órganos judiciales. No obstante, en esos datos el mismo Consejo advierte que las reclamaciones por el funcionamiento de los Registros Civiles tiene sobre el resto de juzgados y tribunales es del 44%, matizando que considerando todos los motivos de los escritos referidos a Registros Civiles, el porcentaje es del 31%.

           De estos datos, sin más, cabría deducirse que el funcionamiento de los Registros Civiles, si por número o porcentaje de reclamaciones efectuadas se mide, no es óptimo, aunque tampoco cabría tildarlo de caótico, como repetidamente se hace. Pero habría que considerar las siguientes cuestiones:

          1.- La oficina registral, por su propia idiosincrasia, no es equiparable a cualquier oficina judicial. Esto se debe a la continua afluencia a las mismas de ciudadanos, que directamente gestionan los trámites, generalmente sin ningún tipo de asistencia (no es preceptiva) o representación. Dicho coloquialmente, el trato diario con los mismos es voluminoso y personal. De aquí, obviamente, se deriva, por su propia naturaleza, que las oficinas registrales pueden ser a priori más propensas a la presentación de reclamaciones.

           2.- Los medios humanos y materiales que ofrece la Administración, ya sea Central o Autonómica, deja mucho que desear casi siempre. Realmente ocurren casos en que esos funcionarios, del primero al último, que prestan sus servicios en los Registros Civiles se convierten en auténticos salvavidas de los ciudadanos, trabajando en condiciones paupérrimas y sacando adelante de la forma más digna su trabajo. Es importante este punto por una razón muy sencilla. Si el problema está detectado, la solución a aplicar, como se estime, es bien fácil: destinar recursos materiales y humanos al servicio de los ciudadanos, pero no aprovechar estas deficiencias ajenas al propio funcionario para entregar ese servicio a los Registradores Mercantiles a costa de lo que sea, con el fin que sea o con los procesos "opacos" que sean.

             3.- Estoy seguro de que si la mayoría de compañeros analizan las quejas habidas en sus Registros Civiles coincidirán conmigo en que la mayoría se deben a la tramitación en los expedientes de nacionalidad por residencia. No hay más que dirigirse al post anterior a éste para comprobar el por qué de esas reclamaciones y dónde se origina realmente el problema, que no es precisamente en las oficinas registrales.
               
                 4.- La Agencia de Evaluación de Políticas y de la Calidad en los Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda, califica al Registro Civil como uno de los servicios mejor valorados, con un 84% de ciudadanos que se consideran satisfechos o muy satisfechos con el mismo.
 

            Para mayor claridad, expondré datos relevantes, reales y certeros que se generan en el Registro Civil de Sevilla, oficina donde desempeño mi trabajo:
              Actualmente, la ciudad de Sevilla, tiene censados 703.261 habitantes. El Registro Civil está servido por un Magistrado, una Secretaria Judicial y 39 funcionarios. Salvo para los trámites que ineludiblemente requieren la presencia del Magistrado (que por cierto son muchos, aproximadamente unos 50 o 60 ciudadanos al día), el resto de gestiones no requiere cita previa. Es decir, el ciudadano es atendido el mismo día que acude, sobre la marcha. En  general, en este Registro Civil se personan cada día entre 700 - 800 personas,  lo que supone una afluencia anual aproximada de más de 170.000 ciudadanos.
              Por otra parte reseñaré que en el Registro Civil de Sevilla se realizan cerca de 28.000 inscripciones al año( entre principales y marginales), expidiéndose cerca de 90.000 certificaciones. Asimismo se incoan casi 6.500 expediente al año.
              ¿Por qué expongo estos números?. Es bien fácil. En el Registro Civil de Sevilla, el número de quejas presentadas en el año 2014 no llega a las 60, lo que supone una incidencia sobre el 0,029% de los trámites realizados. De ellas, la mayoría se deben al retraso en los expedientes de nacionalidad, expedientes que no se encuentran en el Registro Civil y sí en la Dirección General o en el reparto entre los Registradores de la Propiedad. Otro número significativo de quejas se presentan en días en que el sistema informático cae durante casi toda la jornada, reduciéndose al mínimo las quejas fundamentadas. 
                 Esta realidad es incontestable. Los números están ahí.  Intuyo que extrapolar estos datos al resto de oficinas registrales es huir de la exactitud, pero no en exceso pues estoy plenamente convencido que la amplia mayoría de los Registros Civiles funciona de esta forma.

                  En definitiva, aquellas voces, aquellos ecos que resuenan de forma intencionada en las ágoras adecuadas se desvanecen ante la realidad manifiesta. Si el objetivo es argumentar una vez más en contra de los Registros Civiles, no lo conseguirán. Si el último objetivo es asumir ese argumento para , de forma pueril e irracional pero claramente interesada,  entregar un servicio público, cercano al ciudadano y gratuito a los intereses de un lobby, usando paradójicamente esa mal llamada democracia representativa, al menos que mis argumentos, los de los funcionarios, trabajadores de los Registros Civiles, vean la luz y sean conocidos por las verdaderas víctimas de este oscuro caminar: los ciudadanos.

          "De lo que llaman los hombres
           virtud, justicia y bondad,
           la mitad es envidia, 
           y la otra no es caridad.". (Antonio Machado)

Paco, Registro Civil de Sevilla.